Después de los repetidos esfuerzos realizados desde hace casi dos años, para iniciar un diálogo constructivo con las autoridades polonesas en el marco del estado de derecho, la Comisión Europea ha concluido hoy que existe un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en Polonia.
Por esa razón la Comisión propone al Consejo que tome la decisión de aplicar el art. 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE)
La Comisión Europea actúa con el objetivo de proteger el Estado de Derecho en Europa. Desde las reformas judiciales realizadas en Polonia, el sistema judicial se encuentra bajo control político de la mayoría en el poder. En ausencia de independencia judicial, se plantean cuestiones importantes en relación a la aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea, que abarca desde la protección de las inversiones al reconocimiento mutuo hasta las decisiones en litigios de custodia infantil o ejecución de ordenes de detención europea.
La Comisión Europea ha emitido a fecha de hoy una nueva recomendación -la cuarta- sobre el Estado de Derecho, en ella enumera las medidas que las autoridades polonesas pueden tomar para solucionar la actual situación.
Si las autoridades polonesas aplican estas medidas, la Comisión Europea está dispuesta, de acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo, a reconsiderar la propuesta. Por otro lado, la Comisión ha decidido iniciar la etapa del procedimiento de infracción contra Polonia, denunciando a este Estado Miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por parte de la Ley polonesa sobre la organización de las jurisdicciones de Derecho Común.
A pesar de haber tomado estas medidas (que no tienen precedente) la Comisión Europea mantiene su propuesta de diálogo constructivo par aponer remedio a la situación actual.
Proposición motivada de decisión del Consejo
Durante los últimos dos años las autoridades polonesas han aprobado más de trece actos legislativos que tienen un impacto en la estructura de todo el sistema judicial , con efectos en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, las Jurisdicciones de Derecho Común, el Consejo Nacional de la Magistratura (equivalente al Poder Judicial), la Fiscalía y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Estos actos legislativos se caracterizan por permitir que el Poder Ejecutivo, de manera sistemática, pueda ingerirse en la composición, competencias, gestión y funcionamiento del sistema judicial.
En su propuesta motivada realizada por la Comisión Europea se expone la preocupación al respecto así como se recuerda las gestiones que se han realizado en relación al Estado de Derecho, y los numerosos contactos con las autoridades polonesas para intentar encontrar una solución.
La Comisión solicita al Consejo que constate la existencia de un riesgo claro de violación grave del
Estado de Derecho. La preocupación de la Comisión tiene que ver con la ausencia de un control independiente y legítimo de la constitucionalidad y de la independencia del poder judicial.
Si las autoridades polonesas aplican las medidas correctivas que se describen en la recomendación sobre el Estado de Derecho (que se hayan anexas a la propuesta motivada) la Comisión se declara dispuesta a reconsiderar la propuesta.
Recomendaciones:
La recomendación aprobada hoy complementa tres anteriores de 27 de julio de 2015, 21 de diciembre de 2016 y 27 de julio de 2017.
Esta última recomendación se centra en la preocupación suscitada por la nueva Ley reguladora del Tribunal Supremo y la Ley sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, que aprobó el Parlamento de Polonia el pasado 15 de diciembre.
Los problemas señalados en las tres recomendaciones anteriores no han sido corregidos y por tanto éstas siguen también vigentes.
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Resumen en Catalán
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